El 11 de junio de 2021, por fin llegó el momento: el parlamento alemán aprobó la Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro (LkSG). La ley, también conocida como Ley de la Cadena de Suministro y Ley de Diligencia Debida, entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Descubra todo lo que necesita saber sobre la próxima ley a continuación.

Antecedentes

¿El nombre pretendía hacer una alusión irónica a la duración de los debates que han tenido lugar? Probablemente no, pero no hay duda de que la ley fue un parto difícil. Ya el 10 de febrero de 2019, el sitio de noticias TAZ informó sobre una propuesta de la llamada ley de la cadena de valor, redactada por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, bajo la dirección de Gerd Müller. Esta ley obligaría a las empresas a tomar medidas destinadas a proteger los derechos humanos en la cadena de valor, la llamada diligencia debida en materia de derechos humanos.

Apenas se hicieron públicos los planes, estalló un acalorado debate: ¿Tienen las empresas alemanas alguna influencia sobre lo que ocurre en su cadena de suministro? ¿dará lugar una ley de este tipo a desventajas competitivas frente a otros países? ¿Debe incluirse el impacto medioambiental?

La LkSG que se ha aprobado ahora es un compromiso:

  • Por un lado, la ley representa nada menos que un cambio de la responsabilidad voluntaria de las empresas a la diligencia debida por mandato legal.
  • Por otro lado, los requisitos se han debilitado significativamente, por ejemplo en el control de los proveedores indirectos. También se echa en falta la responsabilidad civil.

En este artículo, nos complace resumir los puntos clave.

Los puntos más importantes en resumen

Los requisitos de la LkSG no son realmente nuevos: se basan en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que se publicaron ya en 2011. En Alemania, el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA) se adoptó en 2016 sobre la base de estos Principios Rectores.

Los cinco elementos básicos de la diligencia debida.

  1. Existe una declaración de política pública sobre el respeto de los derechos humanos
  2. Existe un proceso para identificar los impactos adversos reales y potenciales sobre los derechos humanos (análisis de riesgos).
  3. Existen medidas de mitigación adecuadas y controles de su eficacia.
  4. Se realizan informes.
  5. La empresa establece o participa en un mecanismo de reclamación.

En el caso de las empresas que ya están alineadas con los Principios Rectores de la ONU, no deberían ser necesarios ajustes significativos. Las empresas que aún no han abordado los Principios Rectores y los requisitos del PNA, sino que están esperando el resultado de las iniciativas legislativas, deben actuar con rapidez; de lo contrario, se arriesgan no sólo a demandas y multas, sino también a daños a la reputación y a la interrupción de la cadena de suministro.

¿Qué empresas se verán afectadas?

La Ley de la Cadena de Suministro se aplicará a las empresas con un tamaño de 3000 empleados o más a partir del 1 de enero de 2023. A partir del 1 de enero de 2024, la Ley de la Cadena de Suministro se aplicará a las empresas con un tamaño de 1000 empleados o más. Hay que tener en cuenta que, para el número de empleados, sólo se tendrán en cuenta los empleados que trabajen en Alemania y los empleados destinados en el extranjero. Para las empresas extranjeras que tienen una sucursal en Alemania, la ley sólo se aplica si superan el número de empleados ya mencionado en Alemania.

Sin embargo, las empresas que no se ven directamente afectadas por la LkSG harían bien en cumplir los requisitos de todos modos. En primer lugar, cabe esperar un aumento de las preguntas de los clientes y de las medidas de control iniciadas por éstos. En segundo lugar, también existe la posibilidad de que el ámbito de aplicación se amplíe como resultado de las iniciativas legislativas de la UE (véase más adelante).

¿Qué se exige a las empresas afectadas?

La LkSG describe una obligación de hacer un esfuerzo, no una obligación de tener éxito. Esto significa: las empresas no tienen que garantizar que no se violen los derechos humanos en sus cadenas de suministro o que se incumplan las obligaciones medioambientales. Más bien deben ser capaces de demostrar que se han esforzado por identificar y eliminar los riesgos, que existen mecanismos de reclamación y que se toman medidas correctivas cuando es necesario.

Según la LkSG, las empresas deben tener en cuenta toda su cadena de suministro, pero ser responsables de ella de forma escalonada. Esto significa que las empresas alemanas son inicialmente sólo responsables de sus proveedores directos, no de los proveedores de los proveedores.

Sin embargo, si una empresa tiene conocimiento de un agravio en su cadena de suministro, deberá tomar medidas correctivas. En cuanto se demuestre que una empresa alemana tenía conocimiento de violaciones de los derechos humanos en la cadena de suministro pero no tomó medidas, se le pueden imponer fuertes multas. Además, las empresas pueden ser excluidas de las licitaciones públicas durante un máximo de tres años.

La Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (Bafa) asumirá el control. La autoridad recibirá un "mandato sólido" y podrá así realizar inspecciones in situ e imponer sanciones, según el ministro de Trabajo, Hubertus Heil.

Además, las organizaciones no gubernamentales y los sindicatos tendrán en el futuro la posibilidad de presentar demandas contra las violaciones de los derechos humanos en nombre de los trabajadores extranjeros. Anteriormente, los agraviados podían demandarse a sí mismos, pero esto a menudo fracasaba en la práctica debido a las condiciones de vida.

Lo que esto significa para la jurisdicción en
nivel de la UE

También se están realizando esfuerzos a nivel de la UE para establecer una normativa relativa a la diligencia debida en materia de derechos humanos. Actualmente, el Parlamento de la UE está presionando a la Comisión para que redacte un reglamento para toda la UE. Sin embargo, el impulso de Alemania, la mayor economía de la Unión, podría acelerar este proceso. Como la LkSG no entra en vigor hasta 2023, es posible incluso que la legislación alemana tenga que adaptarse ya al esperado reglamento de la UE antes incluso de que entre en vigor la LkSG.

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Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is a Global Director Sustainability Services. In the role, he is responsible for the entire ESG service portfolio of DQS. His areas of interest include sustainable procurement. human rights due diligence and ESG audits.

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